Hace unos días se propagó por el universo mediático el caso de Carmen Martinez, una señora vallecana de 85 años a la que desahuciaron de su casa porque avaló un préstamo de su hijo. El Rayo dijo que le pagaba un alquiler a la señora y, posteriormente, también desde el Gobierno comentaron que iban a mediar para conseguirle una vivienda.
Puede ser más o menos criticable la forma en que ha actuado su hijo. Pero la verdadera cuestión es que más de 26.000 familias han perdido su casa en los primeros seis meses del año mientras 240.000 casas permanecen vacías. Las hipotecas que ahora la gente no puede pagar las concedieron unos bancos a los que se les ha dado dinero público y que mantienen con el Gobierno una estrecha relación de amistad (y, seguramente, sexual). Es decir, que el mismo organismo al que financio con mis impuestos permite y colabora en que me echen de mi casa. Sin embargo, el dinero fluye descontrolada y corruptamente en unos cuantos bolsillos y nada pasa, se normaliza, se critica y punto pelota. Confío en que algún día haya alguien que tome cartas en el asunto e imputen a los responsables de tan tremenda barbaridad por delitos de #violenciapsicológica que tan desapercibidos pasan para la Justicia.
Este corto, muy realista, no tiene desperdicio.